Así pues es esa transmisión
semiinstitucional y de difícil o imposible descripción que relacionan a los
partidos políticos con las instituciones la que habría que conocer para tener
una idea lo más cabal posible de la calidad democrática de las mismas. Asunto este en el que ni siquiera en la anterior situación de
monolitismo político en Andalucía —30 años de PSOE, y sigue la cuenta
aunque ahora cohabitan ‘socialistas’ e ‘izquiedaunionistas’— estaba claro para
los que miramos desde afuera el aparato institucional-comunitario andaluz.
¿Hubo alguna vez, después del caso ‘Hermanos Guerra’, el primer caso de
corrupción nepotista en nuestra Comunidad autónoma, alguien que tuviera más o
menos claro cómo se repartían las influencias y dominancias en el PSOE andaluz? A lo mejor
sí que hay. Pero en todo caso no es esa una cuestión de las que hacen
historia, o eso creemos.
El caso es que ahí estaban, y
están, las familias de linaje en torno a los líderes regionales, los así
llamados ‘barones’; los grupos efímeros que se organizan a propósito de la
resolución de cualquier expediente partidario-institucional (como el de la elección
de candidatos para los distintos comicios); las dos principales facciones o corrientes
(tradicionalistas/guerristas y renovadores/gonzalistas, muy forzadamente
relacionados con posturas de izquierdismo tradicional o de renovación, y con un
componente de gerontocracia cada año más acusado); la corriente organizada de
Izquierda socialista, de filiación marxista y prácticamente testimonial; los
contraaparatos (liderados por personajillos, la mayoría de ellos bastante
ridículos, que han quedado fuera de los repartos locales de influencias), y
todas esas cuestiones que nos presentan a esta forma nuestra de practicar la
democracia, en Andalucía y en España, y en la Unión Europea, solamente como uno
de los menos malos de los sistemas políticos conocidos hasta el momento, si es
que lo es: Su gran defecto, en nuestra opinión, es que genera corrupción y fomenta la incompetencia
en unas tasas altísimas.
Y el caso es que, y a eso era a
lo que veníamos a referirnos, mandan mucho más los Consejeros que el
Presidente de la Junta; e infinitamente más los Consejeros que sus Delegados provinciales:
el poder ejecutivo se concentra en las Consejerías y un/a buen/a Delegado/a no es más
que una obediente y efectiva extensión tentacular de tales Consejerías. Por
estos motivos creemos completamente
inútil escudriñar en el más bien breve, y muy apartado de la enseñanza, currículo de doña Patricia Alba, la nueva Delegada de la Consejería de Educación en Málaga, a quien no
hay más, por el momento, que desearle una buena gestión desde su despacho
oficial y felicitarla por su nombramiento. No es una docente, o por lo
menos la docencia no le ha ocupado más
que tangencial y brevemente. Tampoco
parece que el ámbito de la docencia le haya ocupado mucho en sus anteriores
trabajos y ocupaciones como jurista y gestora. Vale, pero nada de esto
determina que lo tenga que hacer mejor ni peor, como tampoco su condición de
mujer o de militante del Partido Socialista (Obrero Español). Con este bagaje
puede hacerlo mejor o peor, o bien, o mal. Por otra parte, si bien es cierto
que en su currículo sobresalen más los ítems que la presentan como una
especialista en la gestión, no vemos que esto tenga por qué suponer ningún
demérito. De gestión, más que puramente académicos o pedagógicos, son los
problemas que ha de resolver con más urgencia en nuestra provincia en una etapa
caracterizada por recortes en los presupuestos, por la necesidad de decidir
sobre el mantenimiento o supresión de programas, por la disminución drástica en
la plantilla de profesores y personal, por el mantenimiento o supresión de
servicios externalizados (asesorías incluidas), etc. Así que no nos adherimos a
esa opinión publicada que cuestiona a esta persona por ser de tal partido, por
ser mujer, por ser una gestora, o por provenir de donde provenga. Al final
serán sus acciones, o sus inacciones, las que determinarán la calidad de su
gestión. Un servidor, que es docente, lo que desea es que todo le salga lo
mejor posible como gestora provincial de una escuela que ha de ser de todos y
para todos. Faltaría más.
Desde otra posición muy distinta
tiene uno que situarse a la hora de encajar que es de nuevo, doña Mar Moreno,
la Consejera de Educación (no sabemos por cuánto tiempo ya que su especialidad
parece ser la de coleccionmar cargos en unas fracciones muy breves de tiempos:
puede que tenga el récord internacional). Y es que esta señora sí que tiene
experiencia en el ramo, tanta como la de haber ostentado ya este cargo con
anterioridad, a pesar de que no llegara a cumplir un año al frente del mismo (abril-2009/marzo 2010).
Poco tiempo, desde luego, pero el suficiente como para haber impulsado desde su
mandato los dos nefandos Decretos, el 327 y 328, del año 2010, que comenzaron a
situar a nuestra Comunidad Autónoma en la senda de la organicidad jerárquica y
antidemocrática y en la vía productivista-mercantilista a la que el ministro
Wert pretende atraer, con su estomagante
y mal resuelto anteproyecto-LOMCE, a los territorios gestionados directamente por el MECD y también
a las CCAA de España con las competencias de Educación transferidas. Cierto es
que doña Mar Moreno no tenía ya la responsabilidad de la conducción de la
Consejería de Educación cuando se aprobaron esos decretos (ella era ya
consejera de la Presidencia, llegando a batir ese año la marca de cinco altos
cargos en dos años), pero no es menos cierto, como dicen los abogados, que
fueron ella y su staff de tecnócratas educacionales, dirigidos por Sebastián
Cano, actual viceconsejero, los que pergeñaron esos decretos que fueron
aprobados en el mes de julio del año 2010 frente a la oposición de medios y
sindicatos que los denunciaron como expresión de una deriva de la legislación
educacional hacia un menos de representatividad y democracia en la gestión interna
de los centros de enseñanza. Por cierto que fue ese mismo curso el 2009/2010 en
el que la Comunidad Autónoma de Andalucía tuvo tres responsables distintos al
frente de su Consejería de Educación: M.Teresa Jiménez Vílchez
(abril-2008/abril-2009); Mar Moreno (abril-2009/marzo 2010); y Fr. Álvarez de
la Chica (marzo-2010/mayo-2012). ¡Qué
mal estuvo eso, oiga! Trasluce una situación de corrupción institucional
consentida: El famoso ‘quítate tú, que me ponga yo’, con el que muchas personas
memoriosas, como mi abuela C q.e.d., significaban el régimen de oligarquía, caciquismo, clientelismo y
nepotismo que sufrió —y sufre— Andalucía al menos desde los tiempos de Cánovas del
Castillo.
Resulta
también interesante anotar que desde febrero a octubre de 2008, bajo el mandato
de la inoperante Jiménez Vílchez, y según las prescripciones del tecnócrata Cano, se sucedieron
una serie de bandazos legislativos que culminaron, en octubre de 2008, con la
edición, que entonces se dio por definitiva, de la Orden por la que
se regulaba el Programa de Calidad y Mejora de los Rendimientos Escolares en
los Centros Públicos, implicándose en esta gesta administrativa-legislativa el mentado don
Sebastián Cano, actual segundo de doña Mar Moreno en la Consejería. Este
programa que actualmente se encuentra en un limbo legal y ejecutivo tras la última
sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, y que contó con una oposición decidida desde los mismos
Centros y desde diversos medios (no así la de los sindicatos mayoritarios, que
en esta ocasión fueron responsables del mantenimiento de este programa), ha de
ser una vez más refrendado en los Centros que se han acogido al mismo para
acabar de cortar los flecos de ilegalidad que, según esta alta instancia
judicial, la mentada Orden tenía. No tenemos nada claro, por otra parte, que una
vez superado este postrero trámite el Programa sí pueda presentarse como
conforme a la ley (ni a la LOE, ni a la misma LEA). Creemos que una denuncia del mismo desde la perspectiva de la
parcialidad y el carácter restrictivo del mismo podría tumbarlo
definitivamente. Téngase en cuenta que por efecto de este Programa los Centros
en Andalucía se dividen en dos clases: aquellos que se han querido acoger al
programa y los que no; esto es, centros ‘de calidad reconocida e incentivada’
y centros ‘sin calidad reconocida ni incentivada’; lo cual supone una clara
transgresión del principio de igualdad de los ciudadanos ante las leyes y las
disposiciones ejecutivas: no todos los padres podrán mandar a sus hijos a estos
Centros ‘de calidad’, ya que estos no constituyen la totalidad de la oferta
educativa.
Pero bueno, este escrito, que pretende ser sobre todo una salutación a la nueva Delagada, a doña Patricia, y a la bastante menos nueva Consejera de Educación, va a llegar a su punto y final después de formularle a la nueva Delegada (la Consejera me pilla mucho más lejos) una pequeña y apuradísima serie de peticiones y/o sugerencias. El que las hace, profesor de EESS desde el 81/82, está enfilando ya hacia sus últimos cursos de actividad docente directa, y está francamente preocupado por dos motivos principales. El primero se llama Wert, y tiene forma de un Decreto, el 1190/2012, de 3 de agosto, con el que este ministro españolizador ha creído dejar sin efecto esa parte de los dos Decretos de desarrollo de la LOE (los RD 1513 y 1631, ambos de diciembre de 2006) en los que se establecen las preceptivas pedagógicas para el área de conocimientos (Primaria) y la materia (Secundaria) Educación para la Ciudadanía. El segundo motivo de zozobra y preocupación, y hasta de cabreo, para este mismo profesor no es otro que el de percatarse como la Escuela que hacemos en Andalucía desde 2008, año de promulgación de las órdenes por la que se regula el Programa de calidad y mejora de los rendimientos escolares, y desde 2010, año en el que se aprobaron los dos Decretos que imponen unas normativas jerarquizadoras y antidemocráticas en los Reglamentos Orgánicos de los Centros puede perfectamente presentarse como una avanzadilla de la Escuela preconizada por W con su Decreto contra la Educación para la Ciudadanía, su anteproyecto-LOMCE, sus PowerPoints (FAES-Navacerrada, 2010), sus publicaciones de interés pedagógico (Los españoles y el cambio, de 2012), y sus desplantes antisociales. Y es que a este mismo profesor, a un servidor de Usted y de la Junta, le produce un gran quebranto, profesional y personal, que la Calidad y Mejora de los rendimientos de 'nuestra' Orden suene tan similar a la Mejora de la Calidad que se proclama desde las siglas y, lo que es peor, desde los contenidos mismos de la LOMCE wertiana. Y es que desde las promulgaciones de estas nefastas y antisociales órdenes 'para la mejora de la calidad y los rendimientos' y de los referidos decretos jerarquizadores la Escuela que hacemos en Andalucía, ya no es la que hacíamos: ha perdido en calidad democrática y también, y mucho, en el importantísimo capítulo de la motivación al más alto nivel: Para qué enseñar. Este profesor dice, y muchos colegas suyos se manifestarían de acuerdo, que tanto para atreverse a saber (Kant) cómo hacer para liberarnos (Freire), y para que no cunda la creencia de que triunfar consiste en ponerse encima de los demás (Rawls). La Escuela Wert persigue otra cosa. Y lamentablemente la 'nueva' Escuela que estamos haciendo, o dejando de hacer, en Andalucía desde 2008-2010 parece que persigue algo que se le parece mucho. Lo cual es una desgracia. Una desgracia que a los que llevamos ya invertidos unos cuantos años en una escuela que quiso y que quiere ser social, y que está en ello, nos hace un daño un tanto especial.
Doña
Patricia, háganos usted los favores que a continuación le pido (porque sé que
está en su mano). Informe de estas indeseables circunstancias a su Jefa, doña Mar. Dígale usted, desde su saber como gestora, que
el mantenimiento de la Orden por la que se aprobó el 'Programa de Mejora' puede suponer una transgresión de distintos
ordenamientos desde la misma Constitución, que consagra el principio de
igualdad de oportunidades (art
9, 2; art. 149, 1-1º). Refiérale que hay un listado de Centros en Andalucía
que figuran en las listas de Centros cuya calidad ha sido y sigue siendo
homologada, normalizada y certificada por AENOR, una empresa que hace lo propio
con concesionarios de automóviles o fábricas de embutidos; lo cual constituye
una circunstancia y una transgresión homologables a la anteriormente referida, además de una
avanzadilla andaluza de la Escuela preconizada por la repugnada LOMCE del equipo Wert.
Escuela esta, la de W, basada en los principios asumidos como tales de la exaltación del output empresarial, la maximación de beneficios-rendimientos (más
títulos de lo que sea y acosta de lo que sea: los inputs importan poco, o nada), y la 'rendición de cuentas' (esto está en el anteproyecto-LOMCE, expresado con estos términos). Doña
Patricia sugiérale a su Jefa, doña Mar, si todavía aguanta en el cargo, que
revise los modos de acceso a la función pública docente para que no sean los
candidatos mejores preparados y que han demostrado un mayor nivel de
conocimientos y mejores actitudes docentes los que se queden sin puesto, y
aunque hayan sido estos mismos aspirantes los mejores calificados en las
pruebas-oposiciones reguladas al efecto. Doña Patricia, informe a su Jefa, doña
Mar, de que por mor de los efectos ejecutivos de los decretos aprobados en
2010, los decretos 327 y 328, por los que se aprobaron los Reglamentos Orgánicos
de los Institutos de Educación Secundaria y los de los Colegios de educación
infantil y primaria cunde en los Centros la abulia, la incompetencia y la
corrupción en cargos directivos, y que la letra y el espíritu de estos mismos decretos ha reconvertido a las plantillas de inspectores de educación en comparsas de esta indeseada situación.
Doña Patricia, sugiérale a su Jefa que suspenda los muchos servicios
externalizados, incluidas asesorías; esos mismos que pueden y deben ser ofrecidos por
funcionarios que han demostrado su competencia. Doña Patricia (perdóneme, porque le estoy gastando el
nombre, ya estoy acabando) procure alentar desde el equipo que usted dirige iniciativas que
tiendan a socializar la enseñanza mucho más de lo que está socializada al día
de hoy; mire que en Andalucía estamos perdiendo mucho en este sentido (o, si lo
prefiere, mire usted que en Andalucía estamos dejando de ganar mucho en este
sentido); convoque a usted a pedagógos y a técnicos que se sitúen y estén más
cómodos en la línea del maestro Paulo Freire (ya sabe, una pedagogía de la concienciación
social y de la liberación) que en las líneas ventajistas y productivistas de Eric
A. Hanushek (el pedagogo favorito de Wert, de la Standford University). Hacen falta programas -y ya sé que hay, pero hacen falta más, y mejores y más efectivos- que hagan posible y alienten en los centros de Enseñanza una acogida pedagógico-social mucho más amplia y efectiva a los colectivos de emigrantes, personas desfavorecidas, y alumnos provenientes de lejanos entornos culturales, que chocan con el nuestro. No le quepa duda de que si los Centros supieran aprovechar las amplios márgenes de autonomía pedagógica y pedagógico-administrativa para reestructurar los servicios que prestan, implicando a todos los gestores del hecho educacional y sabiendo canalizar los capitales de los que disponen, las estadísticas de resultados (los famosos outputs de Wert & Hanushek) serían distintas. Claro que para eso lo mismo habría que sacar adelante una normativa que neutralizara o derogara los decretos 327 y 328; esos mismos que han establecido el caciquismo y asegurado la permanencia de la desgana y la incompetencia en los Centros (en los Centros en los que se han asentado la abulia y la incompetencia, que no son la mayoría, por supuesto... todavía).
Doña
Patricia, le deseo de corazón, me haga el caso que me quiera hacer (si pudiera hacerme alguno, mejor), una buena
gestión.
Y
adelante con la escuela pública (que ha de ser de todos y para todos).
Enrique A. C. G.
Profesor de Filosofía del IES Ibn
al-Baytar.
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