enseñar para qué


ENSEÑAR PARA QUÉ
Desde que los griegos de los siglos V y IV aC activaran su paideia (su educación para los que han de ser ciudadanos), y seguramente desde antes y en otros lugares a los que nuestra ciencia de la Historia no ha llegado, ha resultado socialmente conveniente que los que saben más, porque han acumulado más experiencias y han tenido más tiempo para reflexionar sobre ellas, se sitúen frente (o entre: mayéutica) los que tienen menos conocimientos, y hagan por poner a disposición de la sociedad tales conocimientos basados en esas experiencias y reflexiones. Eso ha sido y es enseñanza, educación, pedagogía, magisterio, docencia... Es una técnica (tekné), no es una ciencia (episteme). No va buscando la comprensión tanto como la acción y el aprovechamiento de unos recursos, en este caso los recursos y los capitales humanos. Hay desde entonces, desde los antiguos griegos, un debate sobre la justificación de aquella paideia: Enseñar, educar, impartir docencia... para qué. Responder de una forma o de otra define la pedagogía de la que se trate en cada caso. El que lleva este blog, profesor en activo de Secundaria, tiene el convencimiento de que lo suyo (lo mío) es enseñar para no resignarnos a este estado de cosas que nos anonada como personas humanas que somos. No es la razón la que gobierna el mundo. Y la enseñanza debería allanar el camino para que esto acabara sucediendo algún día en alguna parte, empezando, tal vez, por el mundo que nos pille más cerca.

martes, 6 de noviembre de 2012

UN SALUDO A DOÑA PATRICIA Y A SU JEFA DOÑA MAR.


Dado que tenemos el ordenamiento político que tenemos, ese mismo que regulan el Titulo VIII, Cap. 3 de la Constitución  (De la organización territorial del Estado; de las CCAA... ) y el Estatuto reformado de Andalucía de 2007, si de lo que se trata es de tener noticias sobre las instancias desde las que se toman decisiones que nos afectan en nuestro diario trajín  (ya saben: mandar los niños a la escuela, enterarse de lo último que le haya podido suceder a tu nómina, escuchar las noticias que vienen de las cumbre europeas, renunciar a planificar las próximas vacaciones, ir al médico de cabecera porque te duele ahí...), no resulta tan interesante conocer la planificación y el currículo de un Delegado provincial de Educación, o de cualquier otra competencia, que conocer los del Consejero con el que este Delegado tiene que despachar. Ya que quienes tienen la clave de los proyectos a realizar y conocen los medios de los que disponen para realizarlos (así como el poder efectivo para establecer  las cuotas que de estos medios le corresponderán a cada una de las provincias de su Comunidad) son los Consejeros. Y las Consejeras. Pero si seguimos considerando el organigrama hacia arriba, apuntando hacia la actual Presidencia de la Comunidad Autónoma en su IX Legislatura, no está tan claro que sea el proyecto político del Presidente, asistido por su Vicepresidente, el que condicione la acción de los once Consejeros que están en activo en la Junta (de Andalucía), ya que lo que establece el tenor y el tono y la calidad y la frecuencia de la relación entre estos Consejeros y el Presidente de la Junta no es sino la identificación con un proyecto político tan etéreo como el que puedan suscribir en la actualidad el Partido Socialista (Obrero Español) e Izquierda Unida en un porcentaje que no está claro ni siquiera para los que sustentan. Proyecto este, el que ha de dar cuerpo y alma a la IX Legislatura andaluza, del que nadie conoce gran cosa. Nada más que sus efectos. Que por el momento no nos parecen demasiado saludables. Así que serían esa identificación con un proyecto político común (si lo hubiera) y la determinación de las cuotas de medios y capitales que a cada una de las Consejerías le hayan podido corresponder, tras la firma de los oportunos pactos, los elementos que, mezclados en determinadas e ignaras proporciones, darían cuerpo a este pegamento que mantendría a la elegante Torre Triana en su actual estado (renunciamos a adjetivarlo: tiempo al tiempo). Que el proyecto político que está por encima de esta Torre, versión del renacentista castillo de Sant Angelo, no fuera otro que el de consolidar las propias posiciones en los aparatos de los partidos políticos sustentantes y en los distintos departamentos constituidos en torno a estas once consejerías, sería, desde luego, algo tan deprimente como indeseable. Ojalá que así no fuera. O, por lo menos, que no lo fuera del todo.

Así pues es esa transmisión semiinstitucional y de difícil o imposible descripción que relacionan a los partidos políticos con las instituciones la que habría que conocer para tener una idea lo más cabal posible de la calidad democrática de las mismas. Asunto este en el que ni siquiera en la anterior situación de monolitismo político en Andalucía —30 años de PSOE, y sigue la cuenta aunque ahora cohabitan ‘socialistas’ e ‘izquiedaunionistas’— estaba claro para los que miramos desde afuera el aparato institucional-comunitario andaluz. ¿Hubo alguna vez, después del caso ‘Hermanos Guerra’, el primer caso de corrupción nepotista en nuestra Comunidad autónoma, alguien que tuviera más o menos claro cómo se repartían las influencias y dominancias en el PSOE andaluz? A lo mejor sí que hay. Pero en todo caso no es esa una cuestión de las que hacen historia, o eso creemos.

El caso es que ahí estaban, y están, las familias de linaje en torno a los líderes regionales, los así llamados ‘barones’; los grupos efímeros que se organizan a propósito de la resolución de cualquier expediente partidario-institucional (como el de la elección de candidatos para los distintos comicios); las dos principales facciones o corrientes (tradicionalistas/guerristas y renovadores/gonzalistas, muy forzadamente relacionados con posturas de izquierdismo tradicional o de renovación, y con un componente de gerontocracia cada año más acusado); la corriente organizada de Izquierda socialista, de filiación marxista y prácticamente testimonial; los contraaparatos (liderados por personajillos, la mayoría de ellos bastante ridículos, que han quedado fuera de los repartos locales de influencias), y todas esas cuestiones que nos presentan a esta forma nuestra de practicar la democracia, en Andalucía y en España, y en la Unión Europea, solamente como uno de los menos malos de los sistemas políticos conocidos hasta el momento, si es que lo es: Su gran defecto, en nuestra opinión, es que genera corrupción y fomenta la incompetencia en unas tasas altísimas.


Y el caso es que, y a eso era a lo que veníamos a referirnos, mandan mucho más los Consejeros que el Presidente de la Junta; e infinitamente más los Consejeros que sus Delegados provinciales: el poder ejecutivo se concentra en las Consejerías y un/a buen/a Delegado/a no es más que una obediente y efectiva extensión tentacular de tales Consejerías. Por estos  motivos creemos completamente inútil escudriñar en el más bien breve, y muy apartado de la enseñanza,  currículo de doña Patricia Alba, la nueva Delegada de la Consejería de Educación en Málaga, a quien no hay más, por el momento, que desearle una buena gestión desde su despacho oficial y felicitarla por su nombramiento. No es una docente, o por lo menos la docencia no le ha ocupado más que tangencial y brevemente. Tampoco parece que el ámbito de la docencia le haya ocupado mucho en sus anteriores trabajos y ocupaciones como jurista y gestora. Vale, pero nada de esto determina que lo tenga que hacer mejor ni peor, como tampoco su condición de mujer o de militante del Partido Socialista (Obrero Español). Con este bagaje puede hacerlo mejor o peor, o bien, o mal. Por otra parte, si bien es cierto que en su currículo sobresalen más los ítems que la presentan como una especialista en la gestión, no vemos que esto tenga por qué suponer ningún demérito. De gestión, más que puramente académicos o pedagógicos, son los problemas que ha de resolver con más urgencia en nuestra provincia en una etapa caracterizada por recortes en los presupuestos, por la necesidad de decidir sobre el mantenimiento o supresión de programas, por la disminución drástica en la plantilla de profesores y personal, por el mantenimiento o supresión de servicios externalizados (asesorías incluidas), etc. Así que no nos adherimos a esa opinión publicada que cuestiona a esta persona por ser de tal partido, por ser mujer, por ser una gestora, o por provenir de donde provenga. Al final serán sus acciones, o sus inacciones, las que determinarán la calidad de su gestión. Un servidor, que es docente, lo que desea es que todo le salga lo mejor posible como gestora provincial de una escuela que ha de ser de todos y para todos. Faltaría más.

Desde otra posición muy distinta tiene uno que situarse a la hora de encajar que es de nuevo, doña Mar Moreno, la Consejera de Educación (no sabemos por cuánto tiempo ya que su especialidad parece ser la de coleccionmar cargos en unas fracciones muy breves de tiempos: puede que tenga el récord internacional). Y es que esta señora sí que tiene experiencia en el ramo, tanta como la de haber ostentado ya este cargo con anterioridad, a pesar de que no llegara a cumplir un año  al frente del mismo (abril-2009/marzo 2010). Poco tiempo, desde luego, pero el suficiente como para haber impulsado desde su mandato los dos nefandos Decretos, el 327 y 328, del año 2010, que comenzaron a situar a nuestra Comunidad Autónoma en la senda de la organicidad jerárquica y antidemocrática y en la vía productivista-mercantilista a la que el ministro Wert  pretende atraer, con su estomagante y mal resuelto anteproyecto-LOMCE, a los territorios gestionados directamente por el MECD y también a las CCAA de España con las competencias de Educación transferidas. Cierto es que doña Mar Moreno no tenía ya la responsabilidad de la conducción de la Consejería de Educación cuando se aprobaron esos decretos (ella era ya consejera de la Presidencia, llegando a batir ese año la marca de cinco altos cargos en dos años), pero no es menos cierto, como dicen los abogados, que fueron ella y su staff de tecnócratas educacionales, dirigidos por Sebastián Cano, actual viceconsejero, los que pergeñaron esos decretos que fueron aprobados en el mes de julio del año 2010 frente a la oposición de medios y sindicatos que los denunciaron como expresión de una deriva de la legislación educacional hacia un menos de representatividad y democracia en la gestión interna de los centros de enseñanza. Por cierto que fue ese mismo curso el 2009/2010 en el que la Comunidad Autónoma de Andalucía tuvo tres responsables distintos al frente de su Consejería de Educación: M.Teresa Jiménez Vílchez (abril-2008/abril-2009); Mar Moreno (abril-2009/marzo 2010); y Fr. Álvarez de la Chica (marzo-2010/mayo-2012).  ¡Qué mal estuvo eso, oiga! Trasluce una situación de corrupción institucional consentida: El famoso ‘quítate tú, que me ponga yo’, con el que muchas personas memoriosas, como mi abuela C q.e.d., significaban el régimen de oligarquía, caciquismo, clientelismo y nepotismo que sufrió —y sufre— Andalucía al menos desde los tiempos de Cánovas del Castillo.

Resulta también interesante anotar que desde febrero a octubre de 2008, bajo el mandato de la inoperante Jiménez Vílchez, y según las prescripciones del tecnócrata Cano, se sucedieron una serie de bandazos legislativos que culminaron, en octubre de 2008, con la edición, que entonces se dio por definitiva, de la Orden por la que se regulaba el Programa de Calidad y Mejora de los Rendimientos Escolares en los Centros Públicos, implicándose en esta gesta administrativa-legislativa el mentado don Sebastián Cano, actual segundo de doña Mar Moreno en la Consejería. Este programa que actualmente se encuentra en un limbo legal y ejecutivo tras la última sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, y que contó con una oposición decidida desde los mismos Centros y desde diversos medios (no así la de los sindicatos mayoritarios, que en esta ocasión fueron responsables del mantenimiento de este programa), ha de ser una vez más refrendado en los Centros que se han acogido al mismo para acabar de cortar los flecos de ilegalidad que, según esta alta instancia judicial, la mentada Orden tenía. No tenemos nada claro, por otra parte, que una vez superado este postrero trámite el Programa sí pueda presentarse como conforme a la ley (ni a la LOE, ni a la misma LEA). Creemos que una denuncia del mismo desde la perspectiva de la parcialidad y el carácter restrictivo del mismo podría tumbarlo definitivamente. Téngase en cuenta que por efecto de este Programa los Centros en Andalucía se dividen en dos clases: aquellos que se han querido acoger al programa y los que no; esto es, centros ‘de calidad reconocida e incentivada’ y centros ‘sin calidad reconocida ni incentivada’; lo cual supone una clara transgresión del principio de igualdad de los ciudadanos ante las leyes y las disposiciones ejecutivas: no todos los padres podrán mandar a sus hijos a estos Centros ‘de calidad’, ya que estos no constituyen la totalidad de la oferta educativa.

Pero bueno, este escrito, que pretende ser sobre todo una salutación a la nueva Delagada, a doña Patricia, y a la bastante menos nueva Consejera de Educación, va a llegar a su punto y final después de formularle a la nueva Delegada (la Consejera me pilla mucho más lejos) una pequeña y apuradísima serie de peticiones y/o sugerencias. El que las hace, profesor de EESS desde el 81/82, está enfilando ya hacia sus últimos cursos de actividad docente directa, y está francamente preocupado por dos motivos principales. El primero se llama Wert, y tiene forma de un Decreto, el 1190/2012, de 3 de agosto, con el que este ministro españolizador ha creído dejar sin efecto esa parte de los dos Decretos de desarrollo de la LOE (los RD 1513 y 1631, ambos de diciembre de 2006) en los que se establecen las preceptivas pedagógicas para el área de conocimientos (Primaria) y la materia (Secundaria) Educación para la Ciudadanía. El segundo motivo de zozobra y preocupación, y hasta de cabreo, para este mismo profesor no es otro que el de percatarse como la Escuela que hacemos en Andalucía desde 2008, año de promulgación de las órdenes  por la que se regula el Programa de calidad y mejora de los rendimientos escolares, y desde 2010, año en el que se aprobaron los dos Decretos que imponen unas normativas jerarquizadoras y antidemocráticas en los Reglamentos Orgánicos de los Centros puede perfectamente presentarse como una avanzadilla de la Escuela preconizada por W con su Decreto contra la Educación para la Ciudadanía, su anteproyecto-LOMCE, sus PowerPoints (FAES-Navacerrada, 2010), sus publicaciones de interés pedagógico (Los españoles y el cambio, de 2012), y sus desplantes antisociales. Y es que a este mismo profesor, a un servidor de Usted y de la Junta, le produce un gran quebranto, profesional y personal, que la Calidad y Mejora de los rendimientos de 'nuestra' Orden suene  tan similar a la Mejora de la Calidad que se proclama desde las siglas y, lo que es peor, desde los contenidos mismos de la LOMCE wertiana. Y es que desde las promulgaciones de estas nefastas y antisociales órdenes 'para la mejora de la calidad y los rendimientos' y de los referidos decretos jerarquizadores la Escuela que hacemos en Andalucía, ya no es la que hacíamos: ha perdido en calidad democrática y también, y mucho, en el importantísimo capítulo de la motivación al más alto nivel: Para qué enseñar. Este profesor dice, y muchos colegas suyos se manifestarían de acuerdo, que tanto para atreverse a saber (Kant) cómo hacer para liberarnos (Freire), y para que no cunda la creencia de que triunfar consiste en ponerse encima de los demás (Rawls). La Escuela Wert persigue otra cosa. Y lamentablemente la 'nueva' Escuela que estamos haciendo, o dejando de hacer, en Andalucía desde 2008-2010 parece que persigue algo que se le parece mucho. Lo cual es una desgracia. Una desgracia que a los que llevamos ya invertidos unos cuantos años en una escuela que quiso y que quiere ser social, y que está en ello, nos hace un daño un tanto especial.


Doña Patricia, háganos usted los favores que a continuación le pido (porque sé que está en su mano).  Informe de estas indeseables circunstancias a su Jefa, doña Mar. Dígale usted, desde su saber como gestora, que el mantenimiento de la Orden por la que se aprobó el 'Programa de Mejora' puede suponer una transgresión de distintos ordenamientos desde la misma Constitución, que consagra el principio de igualdad de oportunidades (art 9, 2; art. 149, 1-1º). Refiérale que hay un listado de Centros en Andalucía que figuran en las listas de Centros cuya calidad ha sido y sigue siendo homologada, normalizada y certificada por AENOR, una empresa que hace lo propio con concesionarios de automóviles o fábricas de embutidos; lo cual constituye una circunstancia y una transgresión homologables a la anteriormente referida, además de una avanzadilla andaluza de la Escuela preconizada por la repugnada LOMCE del equipo Wert. Escuela esta, la de W, basada en los principios asumidos como tales de la exaltación del output empresarial, la maximación de beneficios-rendimientos (más títulos de lo que sea y acosta de lo que sea: los inputs importan poco, o nada), y la 'rendición de cuentas' (esto está en el anteproyecto-LOMCE, expresado con estos términos). Doña Patricia sugiérale a su Jefa, doña Mar, si todavía aguanta en el cargo, que revise los modos de acceso a la función pública docente para que no sean los candidatos mejores preparados y que han demostrado un mayor nivel de conocimientos y mejores actitudes docentes los que se queden sin puesto, y aunque hayan sido estos mismos aspirantes los mejores calificados en las pruebas-oposiciones reguladas al efecto. Doña Patricia, informe a su Jefa, doña Mar, de que por mor de los efectos ejecutivos de los decretos aprobados en 2010, los decretos 327 y 328, por los que se aprobaron los Reglamentos Orgánicos de los Institutos de Educación Secundaria y los de los Colegios de educación infantil y primaria cunde en los Centros la abulia, la incompetencia y la corrupción en cargos directivos, y que la letra y el espíritu de estos mismos decretos ha reconvertido a las plantillas de inspectores de educación en comparsas de esta indeseada situación. Doña Patricia, sugiérale a su Jefa que suspenda los muchos servicios externalizados, incluidas asesorías; esos mismos que pueden y deben ser ofrecidos por funcionarios que han demostrado su competencia. Doña Patricia (perdóneme, porque le estoy gastando el nombre, ya estoy acabando) procure alentar desde el equipo que usted dirige iniciativas que tiendan a socializar la enseñanza mucho más de lo que está socializada al día de hoy; mire que en Andalucía estamos perdiendo mucho en este sentido (o, si lo prefiere, mire usted que en Andalucía estamos dejando de ganar mucho en este sentido); convoque a usted a pedagógos y a técnicos que se sitúen y estén más cómodos en la línea del maestro Paulo Freire (ya sabe, una pedagogía de la concienciación social y de la liberación) que en las líneas ventajistas y productivistas de Eric A. Hanushek (el pedagogo favorito de Wert, de la Standford University). Hacen falta programas -y ya sé que hay, pero hacen falta más, y mejores y más efectivos-  que hagan posible y alienten en los centros de Enseñanza una acogida pedagógico-social mucho más amplia y efectiva a los colectivos de emigrantes, personas desfavorecidas, y alumnos provenientes de lejanos entornos culturales, que chocan con el nuestro. No le quepa duda de que si los Centros supieran aprovechar las amplios márgenes de autonomía pedagógica y pedagógico-administrativa para reestructurar los servicios que prestan, implicando a todos los gestores del hecho educacional y sabiendo canalizar los capitales de los que disponen, las estadísticas de resultados (los famosos outputs de Wert & Hanushek) serían distintas. Claro que para eso lo mismo habría que sacar adelante una normativa que neutralizara o derogara los decretos 327 y 328; esos mismos que han establecido el caciquismo y asegurado la permanencia de la desgana y la incompetencia en los Centros (en los Centros en los que se han asentado la abulia y la incompetencia, que no son la mayoría, por supuesto... todavía).

Doña Patricia, le deseo de corazón, me haga el caso que me quiera hacer (si pudiera hacerme alguno, mejor), una buena gestión.

Y adelante con la escuela pública (que ha de ser de todos y para todos).
 


Enrique A. C. G.

Profesor de Filosofía del IES Ibn al-Baytar.

 

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